La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) demandó que se garantice el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro hasta Santa Cruz, donde debe asistir al juicio oral por el caso del decreto 373 este viernes; sin embargo, desde el Gobierno señalaron que se aguarda informes de Inteligencia para definir si el operativo es viable sin anticipar una decisión.

“Es la obligación de las autoridades nacionales garantizar ese traslado”, afirmó Freddy Jiménez, presidente de la APDH, advirtiendo que incumplir esa orden judicial sería una falta a los deberes de los funcionarios encargados del proceso.

Camacho permanece detenido en Chonchocoro (La Paz) y, según la defensa, debe ser trasladado a Palmasola (Santa Cruz) para participar en el juicio, resaltando que la orden judicial se basó en una sentencia constitucional tras una acción de libertad interpuesta por su equipo legal.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, advirtió sobre una presunta “distorsión” de la resolución judicial por parte de la defensa de la autoridad cruceña, alegando que la orden instruye iniciar los trámites, no ejecutar el traslado de inmediato.

Ríos explicó que el director del penal de Chonchocoro debe solicitar informes al Comando General de la Policía y al Comando Departamental de Santa Cruz antes de decidir si existen condiciones de seguridad.

“No podemos anticiparnos a señalar que no corresponde el traslado, esto va a estar en función a los distintos informes de Inteligencia”, puntualizó la autoridad la tarde de este lunes al explicar que la responsabilidad del procedimiento recae en la administración penitenciaria, es decir, una instancia que depende del Gobierno central.

Por su parte, Jiménez alertó sobre vulneraciones a los derechos de los privados de libertad y dijo que no solo se da con Camacho, sino también con otras figuras de la oposición como el exlíder cívico potosino Marco Pumari y la expresidenta interina Jeanine Añez, quienes ven limitadas sus oportunidades de defensa.