El proyecto de aprobación del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) 2026-2035 y del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2026-2030 continúa pendiente de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pese a que el Órgano Ejecutivo remitió la propuesta en septiembre de este año.

Este viernes 30 de octubre, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados no trató el proyecto debido a la falta de quórum. La demora en su aprobación genera dificultades para la articulación de la planificación estatal en los distintos niveles de gobierno.

El PDES constituye el marco nacional de planificación de mediano plazo, al que deben articularse los planes sectoriales, institucionales y territoriales. Su aprobación es necesaria para que las entidades públicas y las Entidades Territoriales Autónomas concluyan la formulación, articulación y aprobación de sus respectivos instrumentos de planificación.

Por su parte, el PGDES establece los lineamientos estratégicos de largo plazo para el periodo 2026-2035, mientras que el PDES define el marco de desarrollo nacional para los años 2026-2030.

Ambos instrumentos fueron elaborados durante 2026 mediante un proceso de consulta con actores públicos, sectoriales y territoriales, en el que participaron más de 11.000 personas de aproximadamente 1.600 instituciones.

Además de estos planes, el Ejecutivo remitió el 16 de septiembre a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), destinado a actualizar el marco normativo que regula la planificación estatal y sus mecanismos de articulación. Esta propuesta también permanece pendiente de tratamiento legislativo.

De acuerdo con la Ley 777, el PDES debe ser remitido a la Asamblea para su aprobación mediante una ley durante el primer año de gestión gubernamental. La propuesta fue enviada el 18 de septiembre, dentro del plazo previsto.

La falta de aprobación del PDES no solo repercute en la planificación del Gobierno central, sino también en la coordinación de los instrumentos de planificación de los distintos niveles del Estado, que necesitan contar con un marco nacional aprobado para completar sus respectivos procesos.