El economista Jaime Dunn afirmó que en Bolivia existen más de 254,000 cuentas de personas que utilizan activos digitales y criptomonedas, a pesar de la prohibición levantada recientemente para su circulación en el país.

La semana pasada, el Banco Central de Bolivia (BCB), en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), eliminó las restricciones al uso de activos virtuales establecidas en diciembre de 2020.

Los criptoactivos, basados en la criptografía, no son tangibles como monedas y billetes tradicionales. Su valor es determinado por el mercado y no por una entidad centralizada.

En una entrevista, Dunn destacó este cambio como un “avance importante”, señalando que la prohibición inicial en 2014 dejó a Bolivia rezagada en el desarrollo financiero. A pesar de las restricciones, los ciudadanos encontraron formas de acceder a estos activos y actualmente existen más de 254,000 cuentas que utilizan criptomonedas. “Era un secreto a voces”, comentó Dunn.

Dunn resaltó las ventajas de las criptomonedas, incluyendo la rapidez, el abaratamiento de costos y la seguridad en las transacciones. “Ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios”, afirmó, subrayando que el envío de recursos al exterior es muy económico y rápido.

A pesar de sus ventajas, las criptomonedas también han generado controversia debido a robos y fluctuaciones repentinas, que han resultado en grandes pérdidas para los usuarios. Dunn explicó que las criptomonedas representan riesgos, principalmente porque su aceptación se basa en la confianza de los usuarios y no en una entidad centralizada.

Sin embargo, Dunn aseguró que los activos digitales son los más “encriptados y seguros” que existen. “Las estafas suelen ocurrir cuando las personas son engañadas para que revelen sus claves, lo que resulta en fraudes digitales”, aclaró.

De acuerdo con estadísticas mundiales, en 2023, las estafas relacionadas con criptomonedas alcanzaron los $24,000 millones anuales. Dunn comparó esto con los $4 trillones anuales en estafas a través de medios de pago tradicionales, indicando que el 98% de las estafas ocurren con estos últimos.