La Fiscalía de Bolivia informó que solicitó información a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia como parte de las investigaciones por el presunto reclutamiento de al menos 16 ciudadanos bolivianos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, explicó que se activaron mecanismos de cooperación internacional para investigar tres causas abiertas en el departamento de Santa Cruz por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos.

Según detalló la autoridad, el primer caso involucra a una presunta víctima, el segundo a seis personas y el tercero a nueve. Indicó que las coordinaciones con otros países buscan establecer el modus operandi y el patrón que habrían seguido los responsables de estos hechos.

Rocha señaló que las investigaciones se desarrollan en el marco de los mecanismos promovidos por la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas (Redtram), integrada por los Ministerios Públicos de América Latina.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó informes a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia para conocer el paradero de los bolivianos presuntamente captados, identificar a los responsables y conocer las acciones adoptadas por esos países ante hechos similares.

Asimismo, informó que en el tercer caso bajo investigación ya fue identificada una persona que presuntamente actuó como intermediario o reclutador en Santa Cruz.

De manera paralela, efectivos de la Policía se trasladaron hasta la comunidad de Rincón de Palometas, ubicada a unos 125 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de recolectar información sobre la presunta captación de personas en esa región.

El Ministerio Público también solicitó información a la Embajada de Rusia en Bolivia y activó los canales oficiales mediante la Cancillería para obtener datos que permitan establecer el paradero de las presuntas víctimas y las circunstancias en las que habrían sido trasladadas al extranjero.

La fiscal explicó que las investigaciones se sustentan en las denuncias y la documentación presentada por los familiares de las personas presuntamente reclutadas.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció anteriormente una investigación de oficio tras conocerse las denuncias de familiares de dos jóvenes bolivianos que presuntamente viajaron a Rusia con la promesa de recibir 16.000 dólares por trabajos de construcción y pintura, pero que habrían terminado en la línea de combate.

Tras la difusión de esos casos, surgieron nuevas denuncias de otros bolivianos cuyo paradero aún es desconocido.

Por su parte, la Embajada de Rusia en Bolivia emitió un comunicado en el que descartó de manera rotunda cualquier vínculo con los presuntos reclutamientos y rechazó las acusaciones por considerarlas carentes de fundamento.