Bolivia figura entre los países más lentos de la región para constituir legalmente una empresa, con 2.060 horas necesarias para completar el proceso, según datos citados por Bloomberg. El trámite puede tomar hasta 86 días incluso en condiciones favorables, una cifra que duplica o triplica a otros países vecinos. Esta demora se explica por la multiplicación de requisitos, la falta de digitalización plena y la exigencia de presencias físicas en cada entidad. El resultado es un camino administrativo extenso y fragmentado.

El proceso inicia en Seprec, avanza por el Servicio de Impuestos Nacionales y continúa en las alcaldías, donde cada etapa suma nuevos documentos y verificaciones. Muchos requisitos se repiten, como facturas, croquis y comprobantes de domicilio, generando retrasos innecesarios. A ello se suman entidades como la Caja Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo y otras instituciones sectoriales según el rubro. La ausencia de interoperabilidad agrava estos cuellos de botella.

Para el sector industrial, la tramitología representa una pérdida de competitividad que afecta a empresas de todos los tamaños. Cadinpaz identifica cuellos de botella en Senasag, Senavex y Sustancias Controladas, cuyos procesos impactan en la producción y en las exportaciones. Además, mantener una empresa formalizada implica 1.796 horas anuales de cargas administrativas. Esta situación impulsa a miles de negocios hacia la informalidad, que en Bolivia alcanza al 85% de la economía.

Expertos y emprendedores coinciden en que la burocracia desalienta la inversión y limita la innovación en un país con alto potencial humano y tecnológico. Señalan que se requiere un Estado más eficiente, trámites simplificados, menor sobrefiscalización y procesos digitales estables. Mientras estas reformas no se concreten, la burocracia seguirá frenando la apertura de empresas y el crecimiento económico. El impacto es directo en la productividad, la competitividad y la capacidad del país de reactivarse.