Durante la apertura del Foro Económico Cainco 2026 en Santa Cruz, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó que el principal problema de Bolivia no es la dirección de sus políticas económicas, sino el ritmo con el que se aplican. El dirigente empresarial advirtió que el país avanza de manera lenta y que el tiempo para corregir la situación se está agotando.

En su intervención, Antelo estructuró su postura sobre cuatro pilares: la necesidad de un Estado que habilite la economía, decisiones completas, velocidad en la ejecución y la aplicación de reformas estructurales en lugar de medidas parciales. Aunque valoró decisiones del Gobierno como la unificación del régimen cambiario —a la que calificó como una medida integral tras 15 años de tipo de cambio fijo—, cuestionó severamente el manejo de la crisis de los combustibles. Señaló que el retiro parcial de la subvención mediante el DS 5676 genera desgaste político sin resolver los problemas de fondo, manteniendo las filas en los surtidores.

Respecto al entendimiento técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular de Cainco aclaró que el sector privado considera necesario el acuerdo, pero remarcó que el proceso no ha concluido, ya que restan la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo y el tratamiento en la Asamblea Legislativa. Añadió que las empresas requieren conocer las condiciones exactas y contar con previsibilidad para sus inversiones.

Antelo enfatizó que sus críticas no constituyen una interpelación exclusiva a la gestión del presidente Rodrigo Paz, sino a una forma tradicional de hacer política pública en el país. Asimismo, planteó una autocrítica hacia el sector empresarial por haber aprendido a convivir con excepciones particulares en lugar de exigir normas institucionales. Finalmente, vinculó la escasez de combustibles con la falta de exploración hidrocarburífera e hizo un llamado a normar materias clave como hidrocarburos, minería y alianzas público-privadas, expresando la disposición del empresariado para acompañar las reformas necesarias.