Desde este martes 27 de enero se pusieron en marcha los operativos contra los avasallamientos de tierras en el departamento de Santa Cruz, luego de que la Gobernación y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) confirmaran la existencia de al menos 300 predios tomados de manera ilegal y con órdenes judiciales de desalojo que deben ejecutarse de forma inmediata.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, encabeza la comitiva que partió hacia la propiedad Las Londras y aseguró que el plan responde a un compromiso asumido con el Gobierno central y a la necesidad de hacer cumplir la ley. La autoridad señaló que los operativos fueron coordinados con la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Gobierno y de Defensa.

“Estamos honrando esa palabra de hacer lo que la ley manda y hacer también cumplir las órdenes judiciales de desalojo que hay en los distintos predios del departamento”, afirmó Camacho.

Según explicó, el plan cuenta con una estrategia definida en cuanto a tiempos, logística y despliegue de efectivos. Indicó que el diseño operativo fue elaborado por la Policía y el Ejército para ejecutar los desalojos de forma programada.

Camacho confirmó que son 300 los predios que cuentan con órdenes judiciales de desalojo y que deben ejecutarse de manera inmediata. Además, señaló que la presencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) permitirá consolidar información y avanzar con mayor precisión en los procesos legales.

El gobernador también lanzó acusaciones contra exautoridades del INRA, a quienes responsabilizó por la proliferación de los avasallamientos en el departamento, señalando que habrían actuado de forma coordinada durante varios años.

Asimismo, aseguró que las autoridades tienen identificada la estructura de los grupos que ocupan tierras de manera ilegal y advirtió que se trata de organizaciones que actúan de forma violenta y armada, responsables de daños a la prensa y a efectivos policiales.

En ese contexto, Camacho sostuvo que el Estado debe actuar con firmeza para restablecer el principio de autoridad y hacer cumplir la ley.

Los operativos continuarán en los próximos días, en medio de la preocupación del sector productivo y de propietarios de tierras que denuncian la toma ilegal de predios. Desde la Gobernación informaron que se dará a conocer de manera progresiva el avance del plan y la ejecución de las órdenes judiciales en las distintas provincias del departamento.

El conflicto en la zona de Las Londras arrastra antecedentes desde octubre de 2021, cuando un grupo armado de avasalladores tomó como rehenes a policías, trabajadores rurales y periodistas. Pese a la apertura de procesos judiciales y compromisos asumidos por el Estado, los avasallamientos continuaron, convirtiendo a Las Londras en un símbolo de la impunidad frente a la toma ilegal de tierras.