La violencia, los autogobiernos de privados de libertad, el hacinamiento y la impunidad estructural configuran un escenario de grave vulnerabilidad dentro de las cárceles bolivianas, según funcionarios de la Defensoría del Pueblo que participaron en el seminario internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América Latina”.

Durante el encuentro se advirtió que las muertes registradas bajo custodia no deberían ser consideradas hechos aislados, sino posibles indicadores de fallas estructurales del sistema penitenciario y de las obligaciones del Estado de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que hasta septiembre de 2026 se registraron 17 muertes violentas en las cárceles del país, cifra que supera los 15 casos reportados durante todo 2025.

Según lo expuesto por autoridades del Mecanismo Nacional de Prevención de Bolivia, este incremento estaría relacionado con disputas internas de poder y la existencia de autogobiernos o cogobiernos dentro de los centros penitenciarios. Este fenómeno, señalaron, se habría agravado por la presencia de grupos vinculados al crimen transnacional, como evidenciaron hechos violentos registrados en el penal de Cobija, en Pando.

A esta situación se suma el hacinamiento. Más de 33.000 personas privadas de libertad se encuentran distribuidas en 46 recintos penitenciarios, una situación que debilita los servicios de salud y seguridad y limita la capacidad estatal para garantizar un control efectivo.

Durante el seminario también se abordó lo que fue señalado como un escenario de impunidad estructural. La Defensoría del Pueblo y el Instituto de Terapia e Investigación de la Tortura (ITEI) documentaron más de 1.800 casos de tortura desde 1952, aunque, según lo expuesto, prácticamente ninguno habría derivado en un proceso judicial formalizado específicamente por ese delito.

La falta de sanción puede contribuir, de acuerdo con las consideraciones planteadas durante el encuentro, a la continuidad de prácticas abusivas y al desaliento de las denuncias.

Otro de los factores identificados es el temor a represalias. Las personas privadas de libertad pueden evitar denunciar agresiones o abusos por miedo a sufrir nuevas situaciones de violencia, lo que debilita los mecanismos de alerta temprana.

En el seminario se remarcó que el Estado tiene una posición especial de garante respecto de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por ello, se señaló que toda muerte ocurrida en prisión debe ser investigada de manera exhaustiva e independiente y, cuando corresponda, con la aplicación del Protocolo de Minnesota, con el objetivo de establecer las causas y eventuales responsabilidades.