El Colegio de Arquitectos cuestiona a la Alcaldía cruceña y pide asumir defensa legal en el conflicto por el predio del mercado Mutualista.

El conflicto por el predio del mercado Mutualista en Santa Cruz de la Sierra suma nuevas observaciones. El Colegio de Arquitectos denunció la presunta desaparición de documentos clave en la gestión saliente de la Alcaldía, situación que califican como “misteriosa”.

El presidente de la institución, Percy Vargas, afirmó que existía documentación histórica en los archivos municipales sobre el terreno, incluso desde la década de 1940. Sin embargo, aseguró que estos respaldos ya no están disponibles.

“Es un predio que ya fue pagado por la Alcaldía a cinco familias en las cuales no aparece la familia Crapuzzi”, sostuvo Vargas, al cuestionar los argumentos técnicos presentados en el marco de la disputa legal.

Asimismo, denunció que el único documento presentado recientemente fue un “plano sepia” que, según indicó, habría sido adulterado en los nombres de los propietarios originales. “Se nota que hay una estructura detrás”, afirmó, al insinuar la posible participación de actores dentro de la Alcaldía y concejales en esta situación.

El caso enfrenta a la Alcaldía cruceña con la familia Crapuzzi por la propiedad del terreno donde actualmente funciona el mercado Mutualista. La controversia se reactivó luego de que los concejales Alberto Vaca y Lola Terrazas denunciaran la entrega de documentación a un privado, lo que generó preocupación entre los comerciantes.

Ante este escenario, los trabajadores del mercado se declararon en emergencia e instalaron una vigilia en predios municipales, a la espera de respuestas claras sobre la situación legal del espacio.

Desde el Colegio de Arquitectos también se cuestionó la “pasividad” de instancias judiciales, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público, señalando que no se observa una acción firme para esclarecer el caso.

Por su parte, el alcalde Jhonny Fernández reiteró en noviembre de 2025 que los terrenos del Mutualista son de carácter público.

Vargas también cuestionó que no se haya contactado a las cinco familias que habrían sido indemnizadas por la expropiación, lo que —según indicó— permitiría esclarecer la inexistencia de derechos de propiedad por parte de la familia en disputa.

El caso continúa generando incertidumbre y pone en debate la seguridad jurídica de uno de los centros de abasto más importantes de la ciudad.