La Justicia Constitucional de Bolivia concedió la tutela de una acción popular presentada por el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, en contra de las autoridades del sector hidrocarburos. El fallo obliga a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al Ministerio de Hidrocarburos a garantizar la distribución de combustible con estándares de calidad óptimos y a establecer mecanismos efectivos para la reparación de daños en motorizados afectados por gasolina "desestabilizada".

La acción legal surge tras una escalada de reclamos por parte del sector transporte y ciudadanos particulares que reportaron fallas mecánicas severas en sus vehículos. Según el senador Veliz, el combustible distribuido en los últimos meses no cumplía con los parámetros necesarios, vulnerando el derecho de la población a recibir un servicio público eficiente y seguro. Ante esta situación, el sistema judicial determinó que el Estado tiene la obligación de resarcir a los propietarios afectados, bajo los conceptos jurídicos de lucro cesante (por el tiempo que el vehículo dejó de trabajar) y daño emergente (por los gastos en repuestos y reparaciones).

Como respuesta a esta determinación y a la presión social, YPFB habilitó el Sistema de Registro de Eventos y Compensación (SREC). Hasta finales de marzo de 2026, la estatal petrolera informó que ya se ha procedido al resarcimiento de aproximadamente 2.500 beneficiarios que completaron su registro y presentaron declaraciones juradas de los daños. Los plazos para que los conductores rezagados presenten sus facturas, informes técnicos y fotografías de los desperfectos han sido ampliados, permitiendo que el proceso de compensación continúe a nivel nacional a través de canales digitales y mesas técnicas.