Nancy Hernández llegó a Bolivia junto a su equipo técnico para coordinar políticas públicas con autoridades del estado y avanzar en la cooperación interinstitucional.

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández, encabezó una sesión oficial en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas. La reunión contó con la presencia de altas autoridades nacionales, como el ministro de Justicia, César Siles, y la canciller Celinda Sosa, además de representantes del Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Ministerio Público.

“Estamos recibiendo con gratitud a la alta comisión que se ha trasladado para abordar temas en relación a los derechos humanos, la desaparición forzada de personas, pero sobre todo la coordinación interinstitucional”, expresó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, durante la apertura del encuentro.

En el marco de la sesión, el ministro César Siles informó sobre los avances obtenidos por la Comisión para la Presentación de Informes de Estado en Derechos Humanos y Desapariciones Forzadas, creada en 2022. Detalló que esta instancia trabaja en el desarrollo de políticas públicas, la implementación de acciones concretas y la garantía del cumplimiento de recomendaciones internacionales.

“Tuvimos una solemne sesión extraordinaria de la comisión para la presentación de informes de Estado en derechos humanos y desapariciones forzadas (…) para hacer conocer a la Corte Interamericana los avances alcanzados”, señaló Siles.

La agenda contempla, además, una serie de reuniones técnicas con representantes de los principales órganos del Estado boliviano, enfocadas en el intercambio de buenas prácticas, criterios jurídicos y mecanismos de cumplimiento relacionados con la defensa y promoción de los derechos fundamentales.

Con esta visita, la CIDH reafirma su compromiso con la región y con el acompañamiento a los Estados en sus procesos de fortalecimiento institucional frente a los desafíos que representa la protección de los derechos humanos.