Ciudadanía por derecho de nacimiento: una política en debate global
La ciudadanía por derecho de nacimiento, conocida como jus soli, es una política que no es uniforme en el mundo. Mientras que países como Estados Unidos y varias naciones de América conceden la nacionalidad automáticamente a quienes nacen en su territorio, en Europa, Asia y gran parte de África prevalece el principio del jus sanguinis, que asigna la nacionalidad según la ascendencia de los padres.
Según el profesor de sociología John Skrentny, la adopción del jus soli en América respondió a distintos procesos históricos. En Estados Unidos, la 14ª Enmienda estableció este derecho para garantizar la inclusión de los esclavos liberados y sus descendientes como ciudadanos de pleno derecho. En otros países, esta medida facilitó la inmigración o aseguró la integración de poblaciones indígenas.
En las últimas décadas, diversas naciones han revisado sus leyes sobre ciudadanía, restringiendo o eliminando el derecho de nacimiento debido a preocupaciones sobre la inmigración y la identidad nacional. India, por ejemplo, modificó su legislación en 2004 para impedir que los hijos de inmigrantes ilegales obtuvieran la ciudadanía de forma automática.
En Europa, Irlanda fue el último país en abolir el jus soli sin restricciones, tras un referéndum en 2004. Esta decisión se tomó debido al temor de que personas extranjeras viajaran para dar a luz en su territorio y así garantizar la ciudadanía de sus hijos en la Unión Europea.
Uno de los cambios más drásticos ocurrió en República Dominicana, donde en 2013 se retiró la nacionalidad a descendientes de inmigrantes indocumentados, dejando a miles de personas en riesgo de apatridia. La medida generó críticas internacionales y, posteriormente, el gobierno implementó un proceso de regularización.
Este debate ha cobrado relevancia en Estados Unidos, donde recientes intentos de modificar la 14ª Enmienda han generado controversia y desafíos legales. Mientras que algunos defienden la restricción de la ciudadanía para frenar la inmigración ilegal, otros argumentan que eliminar este derecho podría afectar la cohesión social y crear una nueva generación de personas sin nacionalidad.
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