El movimiento cívico nacional se reunió este miércoles en la ciudad de Cochabamba para analizar la situación energética, económica, el abastecimiento de combustibles y la conflictividad social del país. Tras el encuentro, determinaron seis puntos y exigieron una reunión con el presidente Rodrigo Paz antes del 14 de septiembre.

Uno de los puntos establecidos en el pronunciamiento señala: “El Comité Cívico Nacional, el Movimiento Cívico Nacional exige al presidente del Estado (Rodrigo Paz) reunirse con los nueve presidentes cívicos de Bolivia antes del 14 de septiembre, y sea a la brevedad posible, entendiendo la coyuntura actual del país”.

Entre las principales demandas se encuentra la liberación de la importación de combustibles para privados, además de la derogación del Decreto Supremo 5676 y el tratamiento inmediato, por parte de la Asamblea, de una ley que penalice y sancione el bloqueo de vías fundamentales.

Los representantes cívicos señalaron que la crisis en la provisión de diésel y gasolina está motivada por la falta de recursos financieros del Gobierno y de YPFB. En ese sentido, indicaron que, si el Gobierno no tiene capacidad para sostener este gasto, se deben liberar de inmediato las restricciones para permitir la participación de privados en la solución del problema.

También plantearon reducir la carga impositiva para los privados que participen en la importación, comercialización y distribución de combustibles, con el objetivo de reducir el contrabando, el agio, la especulación y evitar la corrupción.

Asimismo, solicitaron que YPFB apoye con su infraestructura las necesidades de los importadores y distribuidores. También se refirieron al cobro de aranceles aduaneros y señalaron que, en los casos de Argentina y Brasil, no existen por ser miembros del Mercosur.

Otro de los puntos contempla la derogación inmediata del Decreto Supremo 5676. Los cívicos sostienen que su aplicación incrementó costos y profundizó distorsiones de precios en la economía de los gobiernos subnacionales, cooperativas productivas, agroindustriales y pequeños productores, sin resolver el problema de abastecimiento para el cual fue planteado.

El movimiento cívico también exigió un ajuste normativo que reglamente la subvención tomando en cuenta la realidad económica y productiva del país, con la participación de los sectores directamente afectados tanto en su construcción como en su socialización.

Además, plantearon una nueva estructura de distribución de los recursos tributarios nacionales, bajo el principio de 50% para el nivel central del Estado y 50% para gobernaciones, gobiernos municipales, autonomías indígenas originario campesinas y universidades públicas autónomas.

Según el pronunciamiento, también se debe redefinir la estructura de distribución fiscal del Estado de acuerdo con las responsabilidades actuales de los diferentes niveles de Gobierno. Esta propuesta, señalaron, debe integrarse al proceso de pacto fiscal y al régimen económico.

Finalmente, los cívicos exigieron que el Poder Legislativo trate de inmediato las iniciativas que se encuentran en ambas cámaras para establecer una norma que penalice y sancione el bloqueo de vías fundamentales, debido a su afectación al desarrollo económico y a la paz social.