La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia y anunció posibles movilizaciones y bloqueos a nivel nacional en rechazo a un proyecto de ley presentado el 1 de julio por la diputada Lucero Justiniano, que plantea eliminar la denominada “declaratoria en comisión”.

El proyecto busca abrogar los decretos 4500 y 4710, con el objetivo de que los dirigentes sindicales que actualmente se encuentran bajo esta figura retornen a sus fuentes laborales de origen.

La denominada declaratoria en comisión permite que dirigentes sindicales mantengan sus cargos y continúen percibiendo sus salarios estatales mientras cumplen funciones sindicales. El proyecto cuestiona este mecanismo y plantea modificaciones relacionadas con la permanencia de los dirigentes en sus puestos de trabajo.

La COB, por su parte, expresó su rechazo a la propuesta y se declaró en estado de emergencia, advirtiendo que podría asumir medidas de presión en caso de que avance la iniciativa legislativa.

Otro de los puntos señalados es la situación de los aportes sindicales. De acuerdo con la información proporcionada, la organización dejó de recibir aproximadamente Bs 47 millones anuales que eran retenidos de manera automática mediante el Decreto 5654, correspondiente a aportes por planilla.

Esta situación habría generado dificultades económicas para la dirigencia sindical y se suma al debate sobre el financiamiento de la organización y las condiciones bajo las cuales sus dirigentes desarrollan sus actividades sindicales.

El proyecto también plantea que los dirigentes que se encuentren bajo la figura de comisión retornen a sus puestos de producción, en lugar de permanecer alejados de sus fuentes laborales mientras mantienen sus salarios.

La discusión se da además en medio de cuestionamientos sobre la permanencia de dirigentes sindicales en sus cargos. De acuerdo con los datos proporcionados, el estatuto establece un periodo de gestión de dos años, mientras que se cuestiona que algunos dirigentes hayan permanecido durante varios años al frente de la organización.

En este contexto, la COB analiza posibles acciones de presión mientras continúa el debate en torno al proyecto de ley. La dirigencia sindical sostiene que la propuesta afecta sus derechos y plantea la posibilidad de movilizaciones a nivel nacional.

El escenario también coincide con la cuenta regresiva hacia septiembre, cuando está previsto el fin del Estado de Excepción constitucional, según la información proporcionada.

La advertencia de movilizaciones abre nuevamente un escenario de tensión entre la dirigencia sindical y el Gobierno, mientras el proyecto que busca eliminar la declaratoria en comisión continúa en discusión.