El Comité pro Santa Cruz presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder de los Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes atribuye responsabilidad en los bloqueos y movilizaciones que afectaron al país durante 53 días.

La acción legal fue presentada por el presidente de la institución, Stello Cochamanidis, acompañado por los vicepresidentes Agustín Zambrana y Dino Franco, quienes señalaron que el objetivo es que se investiguen los hechos ocurridos durante las protestas y que los responsables respondan ante la justicia.

Según Zambrana, la denuncia contempla nueve tipificaciones penales relacionadas con los hechos registrados durante las movilizaciones. Entre los delitos mencionados se encuentran alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, terrorismo y financiamiento al terrorismo, además de otras figuras jurídicas incluidas en el memorial presentado ante el Ministerio Público.

El dirigente cívico afirmó que la acción no busca una persecución política ni responde a un espíritu de revancha, sino que pretende que los hechos ocurridos durante los bloqueos sean investigados dentro del marco legal correspondiente.

Asimismo, indicó que el Comité pro Santa Cruz realizará un seguimiento permanente al desarrollo del proceso judicial y a las actuaciones que asuma la Fiscalía en torno al caso.

Por su parte, el abogado Diego Coimbra explicó que la denuncia fue formalizada por los presuntos delitos cometidos durante los más de 50 días de bloqueos, señalando que las movilizaciones habrían vulnerado derechos fundamentales de la población boliviana.

El jurista precisó que la acción está dirigida contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, a quienes considera responsables de los hechos registrados durante las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

A su vez, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Dino Franco, sostuvo que la institución busca evitar que los acontecimientos queden en la impunidad y atribuyó a los bloqueos efectos negativos sobre la economía, el empleo y el aparato productivo nacional.

Finalmente, los representantes cívicos manifestaron que continuarán impulsando acciones legales para que se esclarezcan los hechos ocurridos durante las movilizaciones y se determinen las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.