Una comunidad indígena del departamento de Pando afirma contar con 12.900 hectáreas tituladas de manera colectiva, pero actualmente se encuentra involucrada en un proceso en el que algunos de sus propios integrantes aparecen señalados por un presunto avasallamiento.

Ante esta situación, tres representantes de la comunidad Espíritu viajaron hasta Sucre para solicitar la intervención del Tribunal Agroambiental. Los dirigentes buscan que esta instancia intervenga en el conflicto y contribuya a establecer la situación jurídica de las tierras que, según sostienen, forman parte de su territorio colectivo.

De acuerdo con la denuncia presentada por los representantes, otro grupo se habría asentado dentro de una de las áreas correspondientes a su territorio. Según explicaron, este grupo habría creado una nueva comunidad en el lugar y posteriormente comenzó a reclamar derechos sobre esas tierras.

Los dirigentes de la comunidad Espíritu sostienen que cuentan con documentación que respalda la propiedad colectiva del territorio. Para sustentar su posición, presentaron títulos ejecutoriales y demandaron seguridad jurídica sobre las 12.900 hectáreas que aseguran tener tituladas colectivamente.

El conflicto, sin embargo, todavía debe ser contrastado con la resolución emitida por el juzgado agroambiental correspondiente y con la versión de la otra parte involucrada. Por ello, la situación permanece dentro de un proceso en el que deberán establecerse los derechos que corresponden sobre el área en disputa.

Los representantes de la comunidad llegaron hasta Sucre con el objetivo de que el Tribunal Agroambiental conozca su situación y atienda su pedido de intervención. Su principal demanda está relacionada con la seguridad jurídica de las tierras que consideran parte de su territorio colectivo.

Propiedad comunitaria y colectiva

La Constitución Política del Estado establece protección para la propiedad comunitaria y colectiva, señalando que este tipo de propiedad tiene carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible.

En este caso, los dirigentes de la comunidad Espíritu recurren a esta protección y presentan los títulos ejecutoriales como parte de los elementos con los que buscan respaldar su reclamo sobre las tierras.

No obstante, será la justicia la que deberá determinar cómo corresponde aplicar esta garantía constitucional en el conflicto específico y establecer la situación de las tierras que actualmente son objeto de disputa.

Mientras el proceso continúa, los representantes de la comunidad mantienen su pedido de intervención ante el Tribunal Agroambiental y exigen que se reconozca y respete la situación jurídica del territorio que, según afirman, cuenta con titulación colectiva.

El caso también deberá considerar la versión de la otra parte involucrada y los antecedentes contenidos en la resolución del juzgado agroambiental, elementos necesarios para establecer con precisión los hechos y determinar los derechos que corresponden sobre el área en conflicto.