La escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que enfrenta el país está directamente relacionada con el contrabando hacia países vecinos, donde el precio de la garrafa llega hasta los Bs 200, frente a los Bs 22,50 que cuesta en Bolivia gracias a la subvención estatal, advirtió el experto en hidrocarburos Raúl Velásquez. El analista alertó que, además del contrabando, la caída sostenida de la producción de gas natural y la vigencia del subsidio están profundizando la crisis de abastecimiento interno.

Velásquez explicó que la garrafa de 10 kilos en Bolivia se comercializa a Bs 22,50, mientras que en países fronterizos como Perú su precio oscila entre Bs 100 y Bs 150, y en otros mercados de la región alcanza hasta Bs 200. Esta amplia brecha de precios, señaló, se ha convertido en el principal incentivo para el contrabando del producto. “Esa diferencia hace muy atractivo sacar el GLP del país”, afirmó.

Según el especialista, tras la eliminación de la subvención al diésel mediante el Decreto 5516, muchos contrabandistas que antes operaban con ese combustible migraron hacia el comercio ilegal de GLP, que aún mantiene el subsidio estatal. “Los que traficaban diésel ahora se han refugiado en el contrabando de GLP”, sostuvo.

A este escenario se suma un problema estructural: la caída de la producción de gas natural en un 52% en los últimos diez años. Velásquez explicó que la disminución en la producción de gas impacta directamente en la generación de GLP, una situación que, según dijo, se arrastra desde hace una década y cuya reversión podría tomar entre cinco y ocho años.

Frente a este panorama, el experto planteó la necesidad de revisar la política de subvenciones. Propuso un retiro gradual del subsidio al GLP, con incrementos anuales de hasta un 10%, acompañado de una focalización que priorice a las familias más vulnerables. Indicó que, en muchos casos, el GLP subsidiado no llega a quienes más lo necesitan y se utiliza incluso para fines no esenciales.

Velásquez reconoció que el control del contrabando es complejo, especialmente en las zonas fronterizas del altiplano, pero consideró que debe combinarse con una refocalización del subsidio. Remarcó que es indispensable reforzar los controles y, al mismo tiempo, garantizar que la ayuda estatal beneficie realmente a los sectores más necesitados.

El especialista también advirtió que, si no se revierte la caída de la producción, Bolivia podría verse obligada a importar GLP desde mediados de este año o, como máximo, en 2026, y gas natural a partir de 2028. Importar GLP a precios internacionales para venderlo a Bs 22,50 implicaría una fuerte presión fiscal, similar a la que se tuvo con la gasolina y el diésel. “Esa diferencia tendría que cubrirla el Estado, algo muy difícil con la situación actual de las finanzas públicas”, señaló.

Finalmente, Velásquez insistió en la necesidad de una nueva política hidrocarburífera y energética de largo plazo que incentive la exploración y atraiga inversión. “Bolivia necesita encontrar al menos tres megacampos y eso requiere cambios normativos. Sin una nueva ley de hidrocarburos, será muy difícil revertir la caída de la producción”, concluyó.