Aunque los bloqueos que paralizaron al país durante más de 50 días fueron levantados, la crisis por el abastecimiento de combustibles en Bolivia continúa. Las largas filas en estaciones de servicio, la reducción del transporte público e interdepartamental, la paralización parcial de actividades productivas y las denuncias de irregularidades reflejan que el problema aún afecta a la población.

En la Terminal Terrestre de Cochabamba, el inicio de las vacaciones de invierno evidenció las dificultades para el transporte de pasajeros. Miles de personas acudieron con la intención de viajar al interior del país, pero encontraron una oferta reducida de buses debido a la falta de combustible.

Empresas de transporte reportaron una disminución cercana al 70% de sus operaciones, ya que gran parte de sus flotas permanece en estaciones de servicio esperando abastecerse. Según representantes del sector, muchos buses no logran cargar combustible desde hace tres o cuatro días, lo que ha provocado terminales abarrotadas, familias varadas e incertidumbre entre los viajeros.

La situación también se replica en regiones fronterizas y provinciales. En la avenida Internacional, donde se ubican los surtidores Cobija y Progreso, las filas de vehículos continúan extendiéndose por varios kilómetros. Transportistas interprovinciales aseguran que deben permanecer durante noches e incluso varios días esperando la llegada de carburantes para cumplir con sus rutas.

Dirigentes del autotransporte sostienen que la persistencia de la escasez ya no puede atribuirse únicamente a los bloqueos y consideran que existen dificultades para garantizar el suministro de combustibles importados. Además, señalaron que el diésel es el producto con mayor déficit, afectando principalmente al transporte pesado, las obras de infraestructura y la actividad productiva.

Conductores consultados en distintos surtidores indicaron que permanecen hasta tres días en las filas sin recibir información sobre la llegada de cisternas. Algunos transportistas señalaron que recorrieron varios surtidores sin lograr abastecerse, mientras sus cargas permanecen detenidas, afectando el suministro hacia provincias y municipios.

En Punata, transportistas públicos afirmaron que solo el 30% de su parque automotor se encuentra operando debido a la falta de diésel. Además, denunciaron el cobro ilegal por la reserva de espacios en las filas de los surtidores, donde particulares exigirían hasta Bs 200 a transportistas pesados para acceder a un lugar preferencial.

En Caranavi, pobladores denunciaron que las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) permanecieron cerradas durante la jornada del lunes, pese a que decenas de personas esperaban registrarse en el sistema SIScarguío, requisito para adquirir combustible en bidones. Los afectados cuestionaron la burocracia y la falta de información oficial.

Mientras el Gobierno asegura que trabaja para regularizar la distribución, en terminales, carreteras y estaciones de servicio continúan registrándose problemas que afectan la movilidad, el transporte de carga, el comercio y el abastecimiento interno.