Este 1 de enero, el presidente del Estado Plurinacional posesionó a las nuevas autoridades judiciales en un acto que tuvo lugar en La Paz, aunque según la tradición, debió realizarse en Sucre, la capital constitucional.

Este cambio de ubicación generó cuestionamientos y alimentó el debate sobre la credibilidad del proceso judicial.

El diputado Alberto Astorga señaló que, aunque cuatro de los nueve magistrados fueron elegidos por voto ciudadano, el sistema judicial sigue enfrentando graves problemas. "Esto deja sabor a poco para los bolivianos. La justicia no cambiará hasta que tengamos un nuevo gobierno y se eliminen las figuras de los magistrados autoprorrogados", afirmó.

Astorga instó a los nuevos magistrados a denunciar actos ilegales y a presionar para que los jueces autoprorrogados renuncien, permitiendo así la entrada de suplentes elegidos por el pueblo. "Aunque son minoría, esperamos que actúen con transparencia y ética", agregó.

En paralelo, el legislador criticó el presupuesto general del Estado, que entró en vigencia sin debate parlamentario.

Según Astorga, esto refleja una falta de respeto hacia la Asamblea Legislativa y amenaza los derechos de propiedad privada.

El contexto político sigue marcado por la polémica. Astorga reiteró la necesidad de ejecutar órdenes de aprehensión pendientes, incluyendo una contra Evo Morales, a quien acusó de actos graves que demandan justicia.

El diputado concluyó enfatizando que el país necesita cambios profundos para recuperar la confianza de la ciudadanía.