El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5516, una norma compuesta por 32 artículos que establece un nuevo paquete económico y social, con medidas sobre precios de combustibles, bonos, salario mínimo, créditos y control del gasto público. Con la aprobación de este decreto se puso fin a una semana de conflictos sociales y bloqueos de carreteras.

La nueva norma deroga el Decreto Supremo 5503 y el DS 5484, reduciendo en casi 90 artículos el alcance del anterior paquete económico. El decreto fue validado en mesas de diálogo en medio de protestas sociales, siendo la última negociación sostenida con la Central Obrera Boliviana (COB) hasta la madrugada de este martes.

En materia de combustibles, el decreto fija precios finales al consumidor. La gasolina especial queda en Bs 6,96 por litro, el diésel en Bs 9,80 y la gasolina premium en Bs 11. El GLP mantiene su precio subvencionado. El Gobierno justificó esta medida para corregir distorsiones del mercado, reducir el contrabando y cumplir un fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, se mantiene el precio del Gas Natural Vehicular en Bs 2,73 por metro cúbico.

El decreto también incrementa transferencias sociales. El Bono Juancito Pinto sube de Bs 200 a Bs 300, mientras que la Renta Dignidad se incrementa en Bs 150 para adultos mayores sin jubilación contributiva. Además, se crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias temporales de Bs 150 mensuales a hogares vulnerables, con montos anuales que pueden llegar hasta Bs 1.800, según el grupo beneficiario.

En el ámbito laboral, la norma fija el Salario Mínimo Nacional en Bs 3.300, lo que representa un incremento del 20% respecto a la gestión 2025. El aumento rige para los sectores público y privado y tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2026. El decreto ratifica que el salario mínimo es inderogable y que cualquier acuerdo que implique renuncia a derechos laborales será nulo.

En cuanto al gasto público, se establece una política de austeridad que prohíbe nuevas contrataciones en el sector público, salvo en salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía. Las entidades estatales deberán presentar planes de optimización y reducir gastos corrientes.

El decreto también reduce a 0% el gravamen arancelario para la importación de maquinaria, equipos y repuestos destinados a sectores productivos estratégicos hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, reglamenta el diferimiento de créditos para vivienda social y micro y pequeñas empresas, permitiendo la postergación de hasta seis meses en el pago de capital, intereses y seguros, sin penalizaciones ni afectación a la calificación crediticia.