El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5619, una nueva normativa que actualiza las especificaciones técnicas de gasolina, diésel y combustibles de aviación, además de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en el sector hidrocarburífero.

La medida establece un nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes con el objetivo de modernizar el sistema de supervisión energética y garantizar combustibles con mayores estándares de calidad, seguridad y eficiencia en el país.

Entre los principales cambios, el decreto dispone que operadores y empresas autorizadas deberán realizar análisis de calidad en laboratorios propios o de terceros bajo supervisión del ente regulador del sector hidrocarburífero.

La normativa también contempla una inversión gradual para fortalecer la capacidad técnica estatal. El Ministerio de Economía deberá transferir recursos para implementar laboratorios especializados y contratar análisis externos mientras se construyen las nuevas instalaciones.

El reglamento fija un plazo de hasta dos años para que el ente regulador cuente con laboratorios propios completamente operativos.

Otro de los puntos centrales es la implementación obligatoria de sistemas de filtración en estaciones de servicio para retener impurezas en combustibles líquidos y reducir posibles daños en motores y sistemas de inyección.

La nueva regulación surge en medio de cuestionamientos sobre la calidad de los carburantes y reportes de usuarios y transportistas relacionados con sedimentos y residuos en combustibles comercializados en distintas regiones del país.

Además, el Decreto Supremo 5619 amplía las capacidades de fiscalización y sanción técnica del ente regulador e incorpora el uso de notificaciones digitales y procedimientos administrativos electrónicos para agilizar controles y supervisión.

La norma también incluye disposiciones específicas para plantas de suministro de combustibles de aviación en aeropuertos, que deberán adecuarse a nuevos reglamentos técnicos de operación y mantenimiento.

El nuevo marco regulatorio reemplaza la normativa aprobada en 2022 y otorga facultades al ente regulador para actualizar métodos de ensayo y especificaciones técnicas mediante resoluciones administrativas.