La institución lamenta las muertes registradas durante la jornada de conflictos y exige acuerdos concretos para garantizar elecciones, economía y derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda solidaridad con las familias de los bolivianos fallecidos durante la reciente jornada de conflictos en el país. En un pronunciamiento oficial, la institución lamentó la escalada de violencia y advirtió que “estas muertes no pueden ser utilizadas como bandera política por nadie”.

Según el pronunciamiento, Bolivia ha cruzado una “línea muy peligrosa” marcada por la intransigencia y la falta de voluntad política para resolver la crisis actual. La Defensoría remarcó que esta situación, advertida en reiteradas ocasiones, ha sido ignorada por el Gobierno y diversos actores políticos, pese al clamor ciudadano.

“Este es un punto de inflexión. Aún estamos a tiempo de reconducir la situación y evitar más daños a la población boliviana”, subrayó la institución, al tiempo que exigió un cuarto intermedio en las movilizaciones, con el fin de implementar acciones humanitarias urgentes para asistir a los sectores más afectados.

Asimismo, se convocó a los órganos del Estado y a los actores políticos a participar de los espacios de diálogo, exigiendo que lleguen a acuerdos concretos. Las demandas principales son:

1. Garantizar elecciones generales para el 17 de agosto, íntegras, transparentes y competitivas.
2. Dar respuestas claras a la crisis económica, asegurando alimentación y atención en salud.
3. Proteger los derechos humanos de toda la población boliviana.

“La población quiere paz, comida en su mesa y preservar su vida. Basta de violencia”, enfatizó el comunicado, en el que se reafirmó el compromiso de la institución con su rol constitucional en estos momentos difíciles.