La Defensoría del Pueblo presentó una acción ante el Juzgado Agroambiental de La Paz solicitando medidas cautelares para suspender el tratamiento legislativo de contratos relacionados con la explotación del litio. Esta solicitud busca garantizar el cumplimiento de estudios de impacto ambiental, disponibilidad hídrica y procesos de consulta previa a pueblos indígenas, en concordancia con la Constitución y los derechos colectivos.

La acción, presentada por el defensor Pedro Callisaya el pasado 18 de julio, está dirigida a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Entre las medidas propuestas se encuentra la suspensión del tratamiento de los contratos hasta que existan estudios técnicos validados por instancias especializadas y consultas previas a las comunidades aledañas a los salares.

La Defensoría enfatiza la necesidad de garantizar el derecho al agua como bien vital frente a actividades extractivas, y de que toda inversión y contrato respete las normas ambientales nacionales e internacionales. También se reclama una evaluación estratégica ambiental antes de autorizar cualquier acuerdo con empresas extranjeras.

Mientras se aguarda la decisión del Juzgado Agroambiental, la Asamblea ya fue notificada oficialmente para incorporar el tema en su agenda, tras el receso parlamentario. Los contratos involucran a las empresas Uranium One Group de Rusia y Hong Kong CBC de China, quienes proyectan una inversión conjunta superior a los 2.000 millones de dólares.

Ambas compañías firmaron convenios con YLB en 2024 para instalar plantas de extracción directa de litio, sin embargo, los contratos aún no logran ser aprobados debido a la resistencia en el Legislativo. Incluso antes del receso, legisladores de Potosí instalaron una vigilia para evitar su tratamiento en medio de posiciones divididas.