La denuncia también alcanza a otros dirigentes evistas y solicita que la Fiscalía investigue presuntos hechos vinculados a instigación, asociación delictuosa y afectación a servicios esenciales.

El asambleísta departamental de Cochabamba por APB-Súmate, Joel Flores, presentó una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, el gobernador Leonardo Loza y otros dirigentes afines al evismo, a quienes acusa de promover los bloqueos de carreteras que afectan al departamento y forman parte del conflicto político y social que atraviesa el país.

La acción fue presentada ante el Ministerio Público e incluye también a Nelson Virreira, Vicente Choque y Feliciano Vegamonte. Según el denunciante, los implicados deben ser investigados por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud.

Flores solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación preliminar y avanzar hacia una eventual imputación formal, argumentando que los bloqueos perjudican la libre circulación y afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos básicos.

Mientras tanto, Evo Morales encabezó una concentración en Lauca Ñ, donde desafió al presidente Rodrigo Paz a llegar al trópico de Cochabamba y ratificó la continuidad de las movilizaciones. Durante el acto, dirigentes cocaleros también llamaron a sus bases a prepararse ante un eventual estado de excepción.

Morales, quien permanece en el trópico de Cochabamba y enfrenta una orden de aprehensión en otro proceso, rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que su lucha continuará “con Evo o sin Evo”. En contraste, el Gobierno lo responsabiliza por impulsar las protestas y agravar el conflicto político, además de vincular las movilizaciones con presunto financiamiento del narcotráfico.

Por otra parte, tres abogados consultados consideraron que las declaraciones y acciones atribuidas a Morales y a dirigentes de las Seis Federaciones podrían dar lugar a investigaciones por delitos como terrorismo, organización criminal y otros contemplados en la legislación vigente, criterio que deberá ser evaluado por las autoridades competentes.