El Gobierno denunció a la expresidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda, por presuntos hechos de corrupción relacionados con la compra de un terreno y la construcción de nuevas oficinas de esa institución en el departamento de Tarija.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la investigación penal ya fue formalizada y que el Ministerio Público designó a un fiscal anticorrupción para llevar adelante el proceso.

La exfuncionaria del gobierno de Luis Arce es acusada por la presunta comisión de delitos como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros. Según la autoridad, se habría identificado un posible daño económico superior a los 10 millones de bolivianos en el proyecto de adquisición del terreno y ejecución de la obra.

Compra del terreno

García explicó que se detectó un posible direccionamiento en el proceso de adquisición del terreno, favoreciendo a un proponente que ofertó un monto mayor. De acuerdo con la información proporcionada, una de las propuestas alcanzaba los Bs 1.816.513, mientras que la elegida fue de Bs 2.784.000.

Además, el viceministro señaló que el proponente con el menor monto cumplía con todas las características técnicas requeridas, mientras que el terreno finalmente adquirido no contaba con documentación en regla, no tenía el derecho propietario individualizado ni accesos adecuados para la población. Indicó que el derecho propietario fue regularizado recién dos años después de la compra.

Construcción de las oficinas

En el terreno adquirido con presunto sobreprecio se ejecutó la construcción de las oficinas de la Aduana Nacional, con un costo de Bs 22.618.549. Sin embargo, García afirmó que el precio por metro cuadrado de construcción en Tarija, en ese periodo, rondaba los 300 dólares, mientras que en este proyecto se habría contratado a un costo aproximado de 1.000 dólares por metro cuadrado.

La autoridad sostuvo que estos datos evidencian indicios claros de sobreprecio en la ejecución de la obra. Asimismo, cuestionó la planificación del proyecto, ya que, pese a una inversión total superior a los 24 millones de bolivianos, la Aduana continuó alquilando otros dos inmuebles para su funcionamiento.