El Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia contra la expresidenta de la Aduana Nacional por presuntas irregularidades en procesos de contratación que habrían generado un daño económico al Estado superior a los 10 millones de bolivianos.

De acuerdo con el informe oficial, se identificaron al menos dos procesos observados: la compra de un terreno y la ejecución de un proyecto con presunto sobreprecio. En el caso del inmueble, la Aduana Nacional realizó un proceso de contratación en el que un primer proponente ofertó el terreno por Bs 1,7 millones, mientras que un segundo presentó una propuesta de Bs 2,6 millones.

Sin embargo, la institución habría adjudicado la compra a la oferta más alta, pese a que el terreno no cumplía con los requisitos técnicos ni legales establecidos, según el reporte del Viceministerio de Transparencia.

La autoridad señaló que estas decisiones administrativas habrían generado un perjuicio económico significativo al Estado, por lo que se activaron las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades y determinar posibles delitos vinculados a la gestión de recursos públicos.

El caso ya se encuentra en instancias de investigación, mientras se recaban elementos técnicos, legales y administrativos para sustentar el proceso.