La estatal asegura que los $us 166 millones adicionales fueron por volúmenes acordados mediante adendas; la oposición pide remitir el caso a la Contraloría y Fiscalía

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó este jueves haber realizado pagos en exceso a su subsidiaria Botrading, en medio de una investigación parlamentaria que detectó indicios de cinco posibles delitos en la compra de combustibles a través de esa firma.

Según un informe preliminar elaborado por una comisión de diputados, YPFB habría realizado pagos por 166 millones de dólares fuera de los contratos originales, generando sospechas sobre un posible sobreprecio y uso irregular de intermediación.

Ante estas acusaciones, la gerente de Administración y Finanzas de YPFB, Marieta Paredes, explicó que el total de los contratos con Botrading ascendía a 661 millones de dólares, pero que los 166 millones adicionales correspondían a volúmenes incrementados mediante adendas contractuales, sumando así un total de 828 millones de dólares.

“YPFB no ha efectuado ningún pago en exceso como empresa estatal”, afirmó Paredes, remarcando que todos los pagos fueron realizados a través del sistema correspondiente y son plenamente trazables.

La funcionaria no respondió preguntas y se limitó a leer un breve comunicado.

Por su parte, la comisión legislativa —conformada mayoritariamente por parlamentarios opositores— observó una serie de irregularidades en el funcionamiento de Botrading, incluyendo la supuesta creación irregular de la empresa en Paraguay para fungir como intermediaria, lo que habría encarecido innecesariamente la importación de combustibles.

El informe también señala posibles delitos como falsedad en informes, sobreprecio, uso indebido de bienes del Estado y contratos lesivos al Estado. Uno de los hechos más graves identificados es la supuesta participación de un funcionario de YPFB en la compraventa de acciones de Botrading.

Los diputados que impulsan la investigación han solicitado al presidente de la Cámara de Diputados que el informe se debata de forma urgente en el pleno, y que posteriormente sea remitido a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público.