La diputada Diana Romero Saavedra, esposa del vicepresidente Edmand Lara, denunció públicamente ser víctima de acoso contra la mujer y acoso político por parte de otros legisladores. Romero aseguró que los ataques recibidos en su contra no representan un debate ideológico legítimo, sino intentos personales de deslegitimar su labor parlamentaria debido a su vínculo matrimonial. Según la legisladora, estas agresiones buscan frenar su trabajo de fiscalización y desviar la atención de los temas de relevancia nacional.

Romero rechazó enfáticamente las recientes declaraciones del diputado Ricardo Rada, quien afirmó que la parlamentaria se encontraba en Panamá utilizando recursos del Estado boliviano. La diputada calificó esta versión como totalmente falsa y malintencionada, aclarando que actualmente se encuentra cumpliendo con sus funciones de semana regional en el departamento de Santa Cruz. Para Romero, este tipo de señalamientos forman parte de una campaña sistemática de desprestigio que vulnera sus derechos fundamentales como autoridad electa.

Ante la gravedad de los hechos, la legisladora anunció que iniciará acciones legales tanto en la vía ordinaria como en las instancias políticas correspondientes, conforme a la normativa vigente en el país. Romero enfatizó que no permitirá que se utilice su vida personal para socavar su carrera pública y que acudirá a los mecanismos de protección para mujeres en política para sentar un precedente contra sus agresores. La denuncia formal busca identificar y sancionar a quienes promuevan este tipo de violencia de género institucionalizada.

Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso con su mandato legislativo y aseguró que continuará con sus labores de fiscalización de manera ininterrumpida. Manifestó que estos ataques, lejos de amedrentarla, fortalecen su determinación para representar a sus electores y denunciar las irregularidades en la gestión pública. La situación ha generado repercusiones en el ámbito político nacional, donde se espera que las instancias de ética de la Asamblea Legislativa se pronuncien sobre la conducta de los diputados señalados.