El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, expresó su respaldo al proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción y afirmó que el Gobierno busca alcanzar el mayor consenso posible en la Asamblea Legislativa Plurinacional para enfrentar la crisis generada por los bloqueos que se prolongan por 35 días.

El legislador sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es contar con el apoyo de ambas cámaras legislativas para que cualquier medida extraordinaria sea aplicada con respaldo institucional y político. En ese sentido, señaló que lo correcto es buscar un apoyo unánime o mayoritario de los parlamentarios.

Rada indicó que un eventual uso de la fuerza debería contar con el consenso entre el Órgano Legislativo, el Ejecutivo y las demás instancias del Estado. Sus declaraciones se producen después de que la Cámara de Senadores aprobara el proyecto de ley y lo remitiera a la Cámara de Diputados para su tratamiento como cámara revisora.

El diputado también manifestó que el Gobierno ha intentado resolver el conflicto mediante el diálogo, aunque consideró que actualmente las negociaciones atraviesan un punto de estancamiento. Según su criterio, algunas concesiones realizadas anteriormente generaron la percepción de que las medidas de presión pueden obtener resultados.

Asimismo, señaló que el Estado debe establecer precedentes respecto a los hechos ocurridos durante las movilizaciones. En ese contexto, rechazó la posibilidad de que las personas aprehendidas durante las protestas queden exentas de responsabilidad y afirmó que quienes hayan cometido delitos deben responder ante la justicia.

Rada sostuvo que no deben quedar impunes hechos violentos ni acciones que hayan afectado servicios esenciales o puesto en riesgo a la población. A su juicio, la reglamentación de los estados de excepción permitiría al Estado actuar frente a situaciones que superan los mecanismos ordinarios de control y seguridad.

Pese a ello, remarcó que la salida a la crisis debe continuar orientada al diálogo. Sin embargo, enfatizó que cualquier acuerdo alcanzado no debe significar impunidad para las personas que hayan cometido delitos durante las protestas.

El proyecto de ley aprobado por el Senado establece reglas para la aplicación de medidas extraordinarias en casos de amenaza a la seguridad del Estado, conmoción interna o desastres naturales. Además, define las facultades del Órgano Ejecutivo, los límites para la restricción de derechos y las condiciones de actuación de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.