El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su preocupación por el incremento que registran las cuotas de algunos créditos inmobiliarios tras la actualización del tipo de cambio oficial del dólar. Según la autoridad, la situación está generando incertidumbre y ejerciendo presión sobre la economía de numerosas familias cruceñas.

A través de sus redes sociales, Velasco señaló que muchas familias enfrentan dificultades debido a las consecuencias que la actualización del tipo de cambio está generando en contratos privados, especialmente en operaciones inmobiliarias pactadas originalmente en dólares.

"Estamos siguiendo con preocupación las dificultades que atraviesan muchas familias cruceñas a raíz de la actualización del tipo de cambio oficial y las consecuencias que esta medida está generando en algunos contratos privados, particularmente en operaciones inmobiliarias pactadas originalmente en dólares. Entendemos la preocupación de los ciudadanos que hoy enfrentan un incremento en el valor de sus cuotas y creemos que toda situación de esta naturaleza debe ser atendida con responsabilidad, seguridad jurídica, protección de los derechos de las partes y defendiendo al consumidor", manifestó.

El pronunciamiento surge luego de la implementación del nuevo esquema de dólar flexible en Bolivia. Desde el 29 de junio, el tipo de cambio oficial dejó de mantenerse fijo en Bs 6,96 por dólar y pasó a actualizarse diariamente. Bajo esta modalidad, el Banco Central de Bolivia publica cada día, a las 20:00, la nueva cotización oficial. Para este miércoles, el tipo de cambio se ubicó en Bs 9,76 por dólar.

El gobernador también aclaró que la regulación del régimen cambiario, la política monetaria y la interpretación de los efectos jurídicos de los contratos privados son competencias exclusivas del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de las entidades nacionales competentes.

Asimismo, indicó que las relaciones contractuales entre particulares están reguladas por la legislación civil y comercial vigente, por lo que cualquier criterio vinculante o medida de alcance general corresponde únicamente a las autoridades nacionales.

Velasco precisó que la Gobernación de Santa Cruz no tiene competencia legal para intervenir, modificar o interpretar contratos privados ni para emitir disposiciones que alteren sus efectos jurídicos. Sin embargo, pidió al Gobierno nacional brindar certidumbre a las personas afectadas por esta medida.

"Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que brinde certidumbre jurídica, establezca criterios claros sobre la aplicación de esta medida y promueva mecanismos que permitan proteger tanto la seguridad jurídica como la estabilidad económica de miles de familias bolivianas, evitando conflictos innecesarios entre ciudadanos y el sector privado", concluyó.