La administración del expresidente Donald Trump aplicó una ley utilizada solo en tiempos de guerra para deportar sin proceso legal a cerca de 300 venezolanos a una cárcel en El Salvador, desatando una ola de críticas por presunta violación de derechos.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales, para justificar la deportación de los ciudadanos venezolanos al considerar a la banda criminal Tren de Aragua como una amenaza invasora. Expertos constitucionalistas han cuestionado esta decisión, señalando que la ley no aplica en este contexto, un punto que también ha sido señalado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS).

El envío de los migrantes a El Salvador contradice la orden del juez federal James Boasberg, quien había instruido detener la deportación y ordenar el regreso de los aviones si era necesario. Sin embargo, la Casa Blanca afirmó que la orden llegó demasiado tarde, aunque los registros de vuelo indican que los aviones aterrizaron en Honduras antes de continuar hacia El Salvador.

Vacío legal y críticas en el Salvador

Abogados salvadoreños han advertido que el país no cuenta con un marco legal que permita retener a extranjeros en cárceles sin un proceso judicial local. El abogado constitucionalista Enrique Anaya señaló que la detención de estos venezolanos crea un “vacío legal” en el acuerdo con Estados Unidos, lo que podría generar conflictos jurídicos en el país centroamericano.

Venezuela denuncia “secuestro”

Desde Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó la medida como un "vulgar secuestro" y un "crimen de lesa humanidad". Rodríguez anunció que el Gobierno venezolano recurrirá a instancias internacionales y aplicará la Ley Bolívar para exigir el retorno de los ciudadanos deportados. Además, negó la existencia de la banda Tren de Aragua en territorio venezolano.

La polémica decisión de la Administración Trump ha reavivado el debate sobre el uso de leyes de emergencia para justificar deportaciones y la legalidad de acuerdos bilaterales sin sustento jurídico en los países receptores.