A cuatro meses de concluir el mandato de Luis Arce, diputados oficialistas reactivan el tratamiento del contrato con la empresa china CBC, en medio de objeciones por parte de sectores sociales y políticos, principalmente desde Potosí.

La promesa de convertir a Bolivia en potencia mundial del litio, formulada hace más de una década, vuelve a estar en la mira. Esta vez, por el intento del oficialismo de aprobar con rapidez un contrato clave con la empresa china CBC, pese a la resistencia de organizaciones regionales y legisladores de oposición que advierten falta de beneficios reales para el país.

Desde abril de 2008, cuando Evo Morales anunció por primera vez el proyecto de industrialización del litio en Uyuni, el discurso ha girado en torno al control estatal de toda la cadena productiva: desde la extracción hasta la exportación. Sin embargo, 17 años después, esa meta sigue siendo lejana. Las fallas estructurales en la planta piloto de Llipi, denunciadas en 2024 por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), mostraron que el proyecto no avanzó como se esperaba.

Ante este escenario, el gobierno de Arce apostó por una nueva alternativa: la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), que promete mayor eficiencia y menor impacto ambiental. No obstante, su implementación está asociada a convenios con empresas extranjeras y contratos que han generado desconfianza.

Uno de los puntos más cuestionados es la distribución de beneficios. En Potosí, los cívicos y autoridades regionales expresaron su rechazo a los contratos, señalando que la región solo obtendría el 3% de regalías. Además, advierten que Bolivia asumiría elevados compromisos financieros sin garantías claras de transferencia tecnológica ni control pleno del proceso productivo.

En medio de estas críticas, el 7 de junio se conoció que la Justicia levantó la medida cautelar que impedía a la Asamblea Legislativa tratar los contratos. Esto habilitó nuevamente el debate parlamentario. No obstante, aún está pendiente una acción popular ante el Tribunal Constitucional, lo que genera preocupación sobre la legalidad del tratamiento legislativo.

Pese a ello, el 3 de julio, el presidente de Diputados, Omar Yujra, incluyó el contrato con CBC en la agenda de la sesión. La decisión fue duramente cuestionada por la diputada potosina Lissa Claros, quien advirtió que el fallo constitucional aún no es definitivo y que cualquier avance sin esa resolución podría derivar en un proceso inválido.

La situación del litio pone sobre la mesa no solo la disputa por los recursos naturales, sino también la urgencia política del MAS por cerrar acuerdos antes del fin de la gestión. Mientras tanto, sectores sociales reclaman mayor transparencia y participación, temiendo que Bolivia vuelva a quedar al margen de los beneficios reales de su riqueza más prometida.