El caso del decreto 373 enfrenta obstáculos en su desarrollo

El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aún no ha sido trasladado a la capital cruceña para presenciar su juicio relacionado con el caso del decreto 373. La fecha del juicio ha sido pospuesta para el 16 de julio en ese ámbito. Este retraso ha suscitado críticas por parte de asambleístas de oposición, quienes lamentan la aparente obstrucción del gobierno nacional a los procesos judiciales contra actores políticos.

Para algunos, este caso evidencia la dimensión política subyacente. Se percibe que una vez que Camacho pise suelo cruceño, contará con el respaldo popular y seguirá siendo un líder influyente en Santa Cruz. Desde esta perspectiva, el gobierno parece interpretar el proceso como una amenaza política.

Ahora se plantea la necesidad de investigar a las autoridades responsables de la custodia de Camacho, así como a otras autoridades, por no cumplir con la ley. Sin embargo, desde el Movimiento al Socialismo (MAS), se lamenta que el gobierno utilice el caso de Camacho como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas internos, como la escasez de gasolina.

Las discrepancias entre el gobierno y la oposición también se manifiestan en el ámbito legislativo. Se insta a los parlamentarios a no distorsionar la información y se argumenta que existen dificultades reales para trasladar a Camacho, especialmente relacionadas con su seguridad. Se sostiene que si no se pueden garantizar sus derechos fundamentales, ningún fallo constitucional debería obligar a su traslado.

Este no es el primer contratiempo en el proceso judicial de Camacho. Ya en tres ocasiones anteriores se ha incumplido una orden judicial para su traslado. El último de estos eventos tuvo lugar el 16 de julio del presente año, exacerbando las tensiones en torno al caso del decreto 373 y sus implicaciones políticas en Santa Cruz.