El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, denunció este lunes la crítica situación económica que atraviesa su administración departamental y anunció la propuesta de convocar a un cabildo ciudadano para definir acciones frente a la insolvencia que enfrenta el gobierno regional.

Según la autoridad, actualmente solo se dispone de 31.000 bolivianos en caja y bancos, cifra insuficiente para cubrir las múltiples necesidades del departamento. Esta crisis se atribuye a recortes presupuestarios, débitos automáticos y al incumplimiento en la transferencia de recursos comprometidos por parte del Tesoro General de la Nación (TGN).

“Nos han transferido apenas 69 millones de los 95 millones que debían llegar hasta la fecha. Eso representa un déficit de 25,8 millones. De un POA de 228,2 millones, apenas ha llegado un 30%. No podemos operar así”, manifestó Unzueta en conferencia de prensa, acompañado de sus principales colaboradores.

Los fondos pendientes de transferencia corresponden principalmente a regalías hidrocarburíferas, al Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) y al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), situación que ha limitado el funcionamiento del aparato institucional en áreas prioritarias.

El impacto de la falta de liquidez ya se evidencia en servicios fundamentales como salud, con dificultades en el Hospital Materno Infantil, en el pago del bono de vacunación y en la provisión de prediarios en centros penitenciarios.

Frente a este panorama, la Gobernación del Beni se declaró oficialmente en estado de emergencia y convocó a la ciudadanía a participar en un cabildo. “Esta situación financiera ilegal nos empuja a tomar decisiones junto al pueblo”, declaró Unzueta, al tiempo de exigir al gobierno central el cumplimiento de sus compromisos para evitar un agravamiento de la crisis.