El Gobierno enfrenta dificultades para avanzar con el referéndum consultivo sobre la reelección presidencial y la subvención de combustibles debido a la falta de respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que hasta el 31 de agosto, el presidente Luis Arce no había recibido ninguna notificación oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las preguntas planteadas para el referéndum consultivo. Esta situación pone en riesgo la posibilidad de emitir un decreto supremo y realizar la consulta ciudadana.

“Hasta la última hora del 31 de agosto, el presidente Luis Arce no ha recibido ninguna comunicación oficial del TCP respecto a su decisión sobre las preguntas que propuso para el referendo consultivo que anunció el 6 de agosto pasado”, escribió Lima en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

El 27 de agosto, el presidente Arce envió al TCP las tres preguntas corregidas del referéndum consultivo, relacionadas con la reelección presidencial y la subvención de diésel y gasolina, después de que estas fueran observadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El objetivo del Gobierno era realizar el referéndum consultivo el 1 de diciembre, coincidiendo con las elecciones judiciales para optimizar recursos.

Incertidumbre sobre la viabilidad del referéndum

Lima advirtió que sin un pronunciamiento del TCP antes del 31 de agosto, no sería posible llevar a cabo el referéndum. "El plazo fatal para que emitamos un decreto supremo es el sábado", subrayó el ministro, refiriéndose al límite de tiempo para proceder con la convocatoria oficial.

Fuentes no oficiales indicaron que el TCP habría resuelto la “improcedencia” de las preguntas presentadas por el presidente Arce, argumentando que las preguntas reformuladas debieron ser enviadas previamente al Órgano Electoral. Sin embargo, las autoridades del Gobierno no confirmaron esta información, aunque expresaron que estaban atentos a la decisión de los magistrados.

Requisitos y plazos para el referéndum

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que la Ley del Régimen Electoral estipula un mínimo de 90 días para organizar y ejecutar un proceso de referéndum, lo que complica aún más la posibilidad de llevar a cabo la consulta en la fecha prevista.

La situación genera incertidumbre sobre el futuro del referéndum consultivo, poniendo en evidencia las dificultades del Gobierno para cumplir con los plazos y los procedimientos establecidos para consultas populares.