Han pasado cuatro años desde que el río San Lorenzo dejó de abastecer a cinco comunidades indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este, en Santa Cruz, tras la construcción de represas que son atribuidas al empresario ganadero Marco Andrés Maggi. Desde entonces, más de 1.500 familias continúan afectadas por la falta de acceso al agua, un recurso fundamental para su alimentación, producción y forma de vida.

Las comunidades denuncian que la interrupción del cauce del río ha generado graves consecuencias para las actividades agrícolas y ganaderas que sostienen la economía local, además de afectar el abastecimiento de agua para el consumo diario.

En noviembre de 2025, la Justicia emitió un fallo que ordenó retirar las represas, restaurar el cauce natural del río San Lorenzo e indemnizar a las comunidades perjudicadas. Sin embargo, pese a la resolución judicial, la ejecución de la sentencia permanece paralizada en el Tribunal Agroambiental.

Mientras el proceso continúa sin avances, las familias indígenas aseguran que siguen esperando el cumplimiento del fallo para recuperar el acceso al agua y restablecer las condiciones que les permitan desarrollar nuevamente sus actividades productivas y garantizar su calidad de vida.

La falta de cumplimiento de la resolución mantiene la preocupación de las comunidades, que insisten en la necesidad de que las autoridades ejecuten las medidas ordenadas por la Justicia para poner fin a un conflicto que ya se prolonga por cuatro años.