Un funcionario del Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), encargado del área de Farmacia, fue destituido tras ser identificado como presunto responsable de sustraer medicamentos oncológicos de alto costo para revenderlos en su propia farmacia. La Gobernación de Chuquisaca anunció la presentación de una denuncia penal contra el exfuncionario y posibles cómplices.

El director de Recursos Humanos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Julio César Uribe, informó que el trabajador fue identificado mediante imágenes de las cámaras de seguridad. En las grabaciones se observa que ingresaba al instituto alrededor de las 3:00 de la madrugada y se retiraba aproximadamente una hora y media después, llevando una mochila y una bolsa.

Uribe señaló que no sería la primera vez que el funcionario ingresaba durante la madrugada al área de Farmacia. Aunque todavía no se determinó la cantidad de medicamentos sustraídos ni el daño económico ocasionado, indicó que cada ampolla tenía un valor de entre Bs 8.000 y Bs 10.000.

Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, denunció que el trabajador aprovechaba la necesidad de los pacientes para comercializar los fármacos. Según explicó, sustraía los medicamentos y posteriormente ofrecía conseguirlos cuando los pacientes los necesitaban y no estaban disponibles en la farmacia del instituto.

La autoridad también señaló que existen sospechas de complicidad de otros funcionarios, entre ellos el responsable de Sistemas del ICO. Asimismo, reveló que la portera había denunciado anteriormente los ingresos sospechosos, pero presuntamente fue amenazada para guardar silencio.

Ayllón agregó que se detectaron irregularidades en los registros de medicamentos, donde aparentemente se podían modificar las cantidades. También indicó que algunos de los fármacos sustraídos correspondían a donaciones.

Durante una intervención al área de Farmacia, además, encontraron ampollas sin nombre ni registro, medicamentos vencidos desde 2024 y otros presuntamente adulterados.

Ante estos hallazgos, el Sedes inició una auditoría para establecer las responsabilidades y determinar el alcance de las irregularidades. La Gobernación confirmó que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exfuncionario y sus posibles cómplices.