Este martes, la CEPB se reúne con autoridades del Gobierno para discutir la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso y confiscación de productos.

Mientras algunas instituciones empresariales, como la CNI, Caneb y CAO, exigen la derogación de la norma y realizaron un paro multisectorial, la CEPB optó por el diálogo y busca aclaraciones sobre su aplicación.

El Gobierno sostiene que la medida no afectará al sector privado formal y que responde a la demanda de la población para combatir el agio, la especulación y el contrabando. También aseguró que el comercio minorista no será afectado.

La norma ha generado una fuerte reacción en el sector productivo, que la considera una violación a derechos constitucionales. El debate sigue abierto y se esperan acuerdos en la reunión.