El Gobierno de España ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, y de otro diplomático acreditado, en respuesta a la decisión del régimen de Daniel Ortega de expulsar al embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, y a la segunda jefatura diplomática.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmó que la medida fue adoptada en “estricta reciprocidad” tras considerar injusta la expulsión de sus representantes en Nicaragua. Desde el Ejecutivo español señalaron que continuarán trabajando por mantener las mejores relaciones con el pueblo nicaragüense, pese a las tensiones diplomáticas.

La expulsión se da en un contexto de relaciones deterioradas entre ambos países, que se arrastran desde 2021, cuando España no reconoció la reelección de Daniel Ortega. En ese mismo año, Madrid llamó a consultas a su embajadora en Managua tras acusaciones de injerencia por parte del Gobierno nicaragüense.

En 2022, Nicaragua retiró de Madrid a su entonces embajador, Carlos Midence, alegando presiones e injerencia política. La actual decisión se produce en medio de un escenario regional marcado por la crisis en Venezuela y el respaldo de Ortega a gobiernos aliados.

A nivel internacional, la Unión Europea tampoco reconoce la legitimidad del Gobierno de Ortega y mantiene sanciones contra Nicaragua por el deterioro democrático y violaciones a los derechos humanos. Estas medidas alcanzan a 21 personas y tres entidades, entre ellas la vicepresidenta Rosario Murillo y miembros del entorno cercano al mandatario.