El expresidente colombiano Álvaro Uribe solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le restablezca la libertad mientras se encuentra en proceso de apelación contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria dictada en su contra por soborno y fraude procesal.

La sentencia fue emitida la semana pasada por un tribunal de primera instancia, que lo halló culpable de intentar manipular a paramilitares para desvincularlo de sus actividades ilícitas.

Desde el viernes pasado, Uribe cumple prisión domiciliaria en su residencia ubicada en Rionegro, a unos 30 kilómetros de Medellín, tras la decisión de la jueza que consideró que existía riesgo de fuga. Sin embargo, sus abogados sostienen que esta medida carece de fundamento y por ello pidieron a la Corte Suprema el “restablecimiento inmediato de la libertad” del exmandatario.

Álvaro Uribe, de 73 años, es una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de Colombia. Con esta condena, se convierte en el primer expresidente colombiano privado de libertad, tras ser encontrado culpable de obstrucción a la justicia y manipulación de testigos para evitar ser vinculado con grupos paramilitares.

El expresidente ha denunciado que el juicio está politizado y que existen presiones de la izquierda, actualmente en el poder en Colombia. Su partido, Centro Democrático, convocó a movilizaciones masivas para el 7 de agosto en defensa de Uribe, reconocido por su política de mano dura contra la guerrilla durante su mandato.

Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar los argumentos escritos de su apelación, que será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. Este tribunal deberá emitir un fallo definitivo antes del 16 de octubre, ratificando o revocando la condena. En caso de no emitir su decisión dentro del plazo, el proceso será archivado.

La condena abre la puerta a nuevas investigaciones que vinculan a Uribe con actividades paramilitares y posibles violaciones graves de derechos humanos durante los años más violentos del conflicto armado colombiano.