Estados Unidos revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, quien en febrero de 2026 emitió un fallo favorable a Cosco Shipping, empresa china que opera el puerto de Chancay.

La medida fue anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de nuevas restricciones de visado dirigidas a ciudadanos y funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Washington señaló que estas acciones están relacionadas con su política de defensa de la gobernanza democrática frente a la corrupción y el narcotráfico.

El caso de Núñez Matos cobró relevancia por una resolución mediante la cual declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping. En esa decisión, el juez ordenó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) abstenerse de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario, con las condiciones establecidas en el fallo.

Sin embargo, la decisión de primera instancia fue posteriormente revocada por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la empresa. Cosco Shipping interpuso un recurso y la controversia se encuentra actualmente ante el Tribunal Constitucional.

El Departamento de Estado no detalló específicamente que la revocación de la visa de Núñez Matos estuviera relacionada con su decisión sobre el puerto de Chancay. La medida fue incluida dentro de un paquete de restricciones que Washington atribuye a su política contra funcionarios a los que considera vinculados con actos de corrupción o con acciones que afectan a gobiernos democráticamente elegidos.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se refirió al caso y afirmó que cuando Washington considera que un juez se pone “del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país”, debe actuar para recuperar la confianza en el sistema.

La decisión vuelve a colocar al puerto de Chancay en el centro de una controversia que involucra las competencias del regulador peruano, a la empresa operadora del terminal y ahora también las restricciones adoptadas por Estados Unidos contra el magistrado que emitió el fallo inicial.