En un alarmante giro de los acontecimientos, el director nacional de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierra (ABT), Lucio Flores, ha denunciado un grave caso de irregularidad en el manejo judicial de los incendios forestales en Bolivia. Según Flores, el fiscal Ramón Loayza Barrionuevo de Guarayos (Santa Cruz) habría favorecido a dos individuos detenidos en flagrancia por iniciar una quema ilegal de bosques. Durante la audiencia cautelar, el fiscal no solo omitió presentar una imputación formal, sino que actuó de manera que parecía defender a los acusados en lugar de cumplir con su deber judicial.

Los hechos se remontan a una reciente operación en la que tres hombres fueron detenidos en Guarayos por provocar incendios forestales. A pesar de que fueron capturados en el acto y trasladados a celdas policiales para su declaración, dos de ellos fueron liberados sin justificación aparente. La denuncia de Flores ha causado una fuerte reacción, llevándose el caso a la unidad de régimen disciplinario del Ministerio Público para investigar el incumplimiento de deberes del fiscal Loayza. La ABT ha señalado que la falta de acción legal adecuada por parte del fiscal pone en peligro los esfuerzos de combate contra los incendios.

El impacto de estos incidentes es significativo, ya que los incendios forestales han devastado grandes áreas en Santa Cruz y Beni, con 9.899 focos de fuego reportados hasta la fecha. La ABT ha iniciado 17 procesos penales en respuesta a estos desastres, pero la aparente corrupción y negligencia en el sistema judicial podrían obstaculizar gravemente la protección de los recursos naturales del país. Las autoridades están bajo presión para tomar medidas inmediatas y garantizar que los responsables de estos crímenes ambientales enfrenten la justicia.