La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió una denuncia penal presentada por el sector cívico en contra de Evo Morales, Salazar y Argollo, a quienes se apunta de haber impulsado las movilizaciones y bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante un lapso de 53 días. Según la denuncia, estas medidas de presión provocaron el fallecimiento de más de 10 personas, además de ocasionar pérdidas y daños millonarios en la economía nacional y en diferentes sectores productivos.

El presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, fue enfático al señalar la necesidad de hallar culpables por las consecuencias de las protestas: "Lo que ocurrió en el país desde el primero de mayo, hasta junio tienen que tener responsables. Las muertes de las personas que no pudieron ser atendidas tienen que tener responsables", denunció la autoridad cívica.

De acuerdo con lo expresado por Cochamanidis, el equipo de abogados de la institución cívica logró identificar un total de nueve delitos en las acciones de los denunciados. Entre los cargos más severos presentados formalmente se encuentran el alzamiento armado, el terrorismo y el financiamiento al terrorismo.

Con la admisión de este caso, se suma un nuevo proceso judicial en contra de Evo Morales, quien desde hace varios meses se encuentra resguardado en la región del Trópico con el fin de evitar la ejecución de una orden de aprehensión que pesa en su contra por un caso de trata de personas.

Por otro lado, la aceptación de la denuncia penal contra Argollo se hace pública a poco más de una semana de que este dirigente firmara un acuerdo formal con el Gobierno nacional, acuerdo que posteriormente derivó en el decreto de un Estado de excepción.