La Fiscalía General del Estado emitió un instructivo que habilita el inicio de acciones legales relacionadas con los bloqueos que se registran en distintas regiones del país y que ya cumplen 33 jornadas de protestas.

El anuncio fue realizado por el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien explicó que el Ministerio Público estableció lineamientos para que las fiscalías departamentales puedan activar procesos penales cuando las circunstancias lo ameriten, siempre en apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Según la autoridad, las acciones podrán iniciarse de oficio cuando existan los elementos necesarios o mediante denuncias presentadas por ciudadanos en cualquier punto del país. Mariaca señaló que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y atender posibles afectaciones derivadas de las medidas de presión que se mantienen en diferentes carreteras.

“Se han emitido instructivos con lineamiento, para que siempre respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, se puedan iniciar las acciones legales si se consideran necesarias y pertinentes, o en su defecto, a través de denuncias que puedan presentar ciudadanos en todo el país”, manifestó.

La determinación se conoce mientras los bloqueos continúan afectando la circulación entre distintas regiones, principalmente en el occidente del país, y en un contexto en el que aún no se concreta un proceso de diálogo que permita resolver el conflicto.

Mariaca explicó además que cada oficina de la Fiscalía cuenta con una unidad de análisis encargada de revisar las denuncias antes de su admisión. Estas instancias verifican el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la normativa y determinan si corresponde dar curso a la investigación, realizar observaciones o desestimar la denuncia, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

La autoridad precisó que estas decisiones son asumidas por los fiscales de materia de acuerdo con las características de cada caso.

Asimismo, el Fiscal General remarcó que el Ministerio Público actuará en el marco de las atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado, velando por los intereses de la sociedad y por derechos como la libre circulación, el trabajo y la producción.

Si bien reconoció el derecho de los sectores movilizados a expresar sus demandas mediante marchas y protestas, también enfatizó la necesidad de respetar los derechos de terceros y permitir el tránsito de alimentos, combustibles y suministros médicos.

En ese contexto, sostuvo que las movilizaciones deben desarrollarse sin impedir el paso de productos esenciales ni afectar el abastecimiento de hospitales y otros servicios fundamentales para la población.