La Fiscalía General del Estado inició una investigación por presunta trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados, tras conocerse denuncias de ciudadanos bolivianos que habrían sido engañados con falsas ofertas de trabajo y terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La fiscal superior Alejandra Rocha informó que actualmente existen dos denuncias formalizadas en el departamento de Santa Cruz. La primera fue presentada en mayo y la segunda el 14 de julio de 2026, luego de que familiares denunciaran la desaparición y presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos.

De acuerdo con la autoridad, en la denuncia más reciente se identificó a seis presuntas víctimas, según las entrevistas realizadas a sus familiares. Rocha explicó que el proceso penal investiga el delito de trata de personas con fines de reclutamiento para su participación en conflictos armados.

Respecto al caso denunciado en mayo, la fiscal indicó que un padre reportó que su hijo, quien tendría problemas de salud, fue contactado y presuntamente trasladado a la Federación de Rusia. Sin embargo, hasta la fecha no existe información precisa sobre su paradero.

Las familias de los afectados denunciaron que existen personas que ofrecen hasta 16.000 dólares para convencer a los ciudadanos de firmar contratos bajo la promesa de trabajos en áreas como construcción o pintura, aunque posteriormente terminan involucrados en el conflicto bélico.

Rocha señaló que, por el momento, las investigaciones están dirigidas contra autor o autores, ya que aún no se logró identificar a un presunto reclutador. En ese marco, la Fiscalía emitió requerimientos a la Policía Boliviana y a la Dirección General de Migración para establecer la ruta seguida por las personas que salieron del país con destino a Rusia.

Además, se solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el rastreo de movimientos bancarios relacionados con los pagos que habrían recibido las presuntas víctimas como parte de las ofertas laborales.

La investigación también contempla tareas de ciberpatrullaje en coordinación con la Policía para identificar el origen de los anuncios engañosos difundidos en redes sociales y determinar a los responsables de captar a los ciudadanos bolivianos.