La Gobernación de Santa Cruz rechazó las críticas surgidas tras el acuerdo que permitió levantar el bloqueo en San Julián y negó que el gobernador Juan Pablo Velasco hubiera comprometido la liberación de las personas detenidas por los hechos violentos registrados durante el operativo policial del 6 de junio.

El portavoz de la Gobernación, Rolando Schrupp, afirmó que el gobernador no tiene atribuciones para ordenar la libertad o la detención de ninguna persona, ya que esas decisiones corresponden exclusivamente al Ministerio Público y a la administración de justicia.

“Los gobernadores no son carceleros, no son fiscales y no son jueces”, manifestó Schrupp al responder a los cuestionamientos surgidos tras conocerse los 19 puntos acordados con los sectores movilizados.

Uno de los compromisos establece que la Gobernación realizará gestiones ante el Ministerio Público y la Fiscalía por la situación de dos personas que permanecen con detención preventiva por los enfrentamientos ocurridos en San Julián. Según Schrupp, la participación de la institución departamental se limita a facilitar el diálogo y prestar sus “buenos oficios” ante las autoridades competentes.

“Que hayamos sido un actor válido para conseguir la pacificación es una cosa, pero que el gobernador tenga la capacidad o la facultad de liberar o detener personas es otra”, sostuvo el portavoz, quien aseguró que interpretar el acuerdo como un compromiso de liberación desconoce las competencias legales de cada institución.

La autoridad también rechazó las versiones que señalan que la Gobernación negoció decisiones sobre tierras o asentamientos. Explicó que el gobernador no tiene facultades para repartir tierras y recordó que el punto 16 del acuerdo únicamente contempla el tratamiento de estos temas en una mesa técnica con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), además de la convocatoria a la Comisión Agraria Departamental durante el mes de julio.

Las declaraciones fueron realizadas durante la instalación de mesas técnicas entre la Gobernación y representantes de San Julián para dar seguimiento a los compromisos asumidos tras el levantamiento del bloqueo, que se extendió durante 38 días y afectó la ruta que conecta Santa Cruz con la Chiquitania y el departamento del Beni.

El acuerdo fue alcanzado la madrugada del 21 de junio, luego de una reunión encabezada por el gobernador Juan Pablo Velasco con la participación del comandante departamental de la Policía, autoridades departamentales y representantes del sector intercultural de la faja norte. La negociación permitió restablecer la circulación sin una intervención de la fuerza pública, pese a que se encontraba vigente el estado de excepción decretado por el Gobierno nacional.

Sin embargo, el punto referido a los detenidos generó cuestionamientos debido a que las aprehensiones están relacionadas con los enfrentamientos ocurridos el 6 de junio durante un intento de desbloqueo. En esa jornada seis policías resultaron heridos, dos de ellos por impactos de arma de fuego. El Ministerio Público abrió una investigación e imputó a los involucrados por siete delitos, entre ellos terrorismo, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción de bienes estatales, atentado contra la libertad de trabajo y lesiones graves y leves.

Cinco personas fueron inicialmente procesadas. La justicia dispuso la libertad de tres y ordenó la detención preventiva de otras dos por 180 días en el penal de Palmasola. La defensa anunció que apelará la decisión y sostiene que las acusaciones no corresponden con los hechos investigados.

Schrupp reiteró que la situación jurídica de los detenidos dependerá únicamente de las actuaciones del Ministerio Público y de los jueces. Asimismo, defendió el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto y aseguró que el acuerdo permitió evitar nuevos enfrentamientos.

El convenio también contempla compromisos relacionados con la construcción y mejoramiento de carreteras, trabajos de encauzamiento del río Grande, perforación de pozos, electrificación rural, revisión de personerías jurídicas, saneamiento de tierras y el retorno de la Policía a San Julián. La Gobernación anunció que continuará desarrollando reuniones técnicas para avanzar en el cumplimiento de estos compromisos.