El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, aseguró este miércoles que la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, desempeñó un rol determinante en el desarrollo del conflicto social y vial que afectó al país por más de 50 días. Según la autoridad gubernamental, Alanoca formaba parte activa de una presunta “organización criminal” que habría sido dirigida de forma directa por el expresidente Evo Morales para desestabilizar el orden público mediante las movilizaciones radicales.

La exautoridad fue aprehendida por efectivos de la Policía Boliviana el pasado martes en inmediaciones de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, y posteriormente trasladada a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración informativa. El viceministro Paredes, si bien evitó profundizar en los detalles específicos de los indicios, ratificó de manera enfática que el Órgano Ejecutivo ya procedió con la entrega formal de los elementos probatorios ante las instancias pertinentes. “Hay una actitud muy importante en toda la organización criminal dirigida por Evo Morales, donde Wilma Alanoca ha jugado un papel muy importante en los conflictos”, aseveró. Al ser consultado sobre la situación jurídica actual de la detenida o si existían nexos de financiamiento directo hacia los bloqueos de carreteras, la autoridad prefirió mantener la reserva señalando que dichos componentes están siendo evaluados de manera técnica en el ámbito investigativo del Ministerio Público.

Por su parte, el expresidente Evo Morales utilizó de inmediato sus plataformas en redes sociales para manifestar su "profunda preocupación" ante el hecho y denunciar de forma pública que la detención de su exministra vulnera las garantías constitucionales. Morales argumentó que la captura representa un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, exigiendo la inmediata liberación de Alanoca. Asimismo, el exmandatario lanzó una alerta internacional dirigida a los organismos de derechos humanos, acusando al actual Gobierno de cometer supuestos abusos de poder y de recurrir a la violencia estatal con el único objetivo de silenciar los errores de su gestión.