A pesar de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó y sancionó en tiempo récord el proyecto de Ley de Reglamentación a los Estados de Excepción, el gobierno del presidente Rodrigo Paz continúa sin aplicar la norma en el territorio nacional. La inacción del Órgano Ejecutivo se registra en un escenario crítico donde el país ya supera los 40 días de intensos conflictos sociales y bloqueos de carreteras, una situación que ha derivado en una severa crisis humanitaria con desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y carburantes, afectando principalmente al departamento de La Paz.

El tratamiento legislativo de la norma fue apresurado por ambas cámaras debido a la urgencia de la coyuntura: el Senado la aprobó el pasado jueves a medianoche, la Cámara de Diputados hizo lo propio la madrugada del domingo y el primer mandatario procedió a su promulgación oficial el lunes. Según las declaraciones previas del presidente Paz, la normativa fue diseñada bajo una lógica de "acción humanitaria" para guiar el despliegue de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas; sin embargo, desde su puesta en vigencia, el Ejecutivo no ha emitido el decreto correspondiente para intervenir las rutas troncales ni ha establecido plazos concretos para su ejecución.

Esta demora provocó duras críticas desde el ámbito parlamentario. El diputado Carlos Alarcón, cuestionó la postura del mandatario señalando que el Gobierno ya tenía la facultad constitucional de declarar la medida tras la abrogación de la denominada “Ley Copa” —que limitaba dicha figura—. Alarcón aseveró que el retraso en la promulgación demuestra que la ley ha sido utilizada por el Ejecutivo únicamente como un "amague" o elemento disuasivo frente a las organizaciones movilizadas, una estrategia que calificó de ineficaz debido a que los grupos radicales mantienen invariables los puntos de bloqueo, elevando la cifra de pérdidas económicas a millones de dólares y registrando más de 10 personas fallecidas en las carreteras por falta de atención médica oportuna.