El Poder Ejecutivo remitió al Legislativo un anteproyecto de ley que propone endurecer las sanciones para adolescentes implicados en delitos graves como homicidio y violencia sexual. La iniciativa contempla penas de hasta 18 años de prisión, diferenciadas según la edad del agresor: de 14 a 16 años, y de 16 a 18 años, además de tipificar la gravedad del hecho.

El borrador de la normativa establece un sistema penal progresivo para menores infractores, con castigos más severos en función de criterios como la edad y la gravedad del delito. La propuesta marca un giro significativo en la legislación juvenil, garantizando un tratamiento más estricto hacia los casos de asesinatos y violaciones cometidos por adolescentes.