El Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz expresó su profunda preocupación por el contenido del Decreto Supremo 5390, promulgado el pasado 14 de mayo por el presidente Luis Arce. Según esta entidad, la norma abre la puerta al avasallamiento de tierras en reservas forestales, fomenta el cambio de uso de suelo y pone en riesgo la seguridad jurídica en áreas de vocación forestal.

Mediante un comunicado oficial, el Colegio denunció que el decreto intenta deslindar la responsabilidad del Estado en la administración, fiscalización y control de estas reservas. “Al prescribir indirectamente que las reservas forestales no están plenamente bajo la jurisdicción de la autoridad forestal, el Decreto 5390 contradice el marco legal que, desde 1996, otorga al Estado esas competencias”, señalaron.

Los ingenieros forestales también cuestionaron que la normativa facilite la legalización de ocupaciones ilegales en tierras fiscales y la posterior entrega de títulos de propiedad a terceros, transformando el delito de avasallamiento en una vía de acceso a la tenencia legal. Esto, advierten, representa una amenaza para la institucionalidad agraria y ambiental del país.

Uno de los aspectos más preocupantes para el Colegio es la inclusión de la figura de “otros instrumentos de gestión” en el artículo 7 del decreto, sin una definición clara. Esta ambigüedad, aseguran, otorga una “discrecionalidad excesiva” a las autoridades forestales y habilita la aprobación de planes en territorios ya ocupados irregularmente, lo que podría derivar en el reconocimiento de la Función Económica Social (FES) y el acceso a títulos de propiedad por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Además, recordaron que el decreto vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano, como el Acuerdo de París, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Ley de la Madre Tierra (Ley N.º 300), afectando directamente la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Ante este escenario, el Colegio de Ingenieros Forestales exige la derogación inmediata del Decreto Supremo 5390, la apertura de un proceso de investigación para identificar a los responsables de ocupaciones ilegales y desmontes, así como el fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo y fiscalización con participación ciudadana y mecanismos de transparencia.

Finalmente, solicitaron un diálogo amplio y vinculante sobre el futuro de las reservas forestales, en el que participen todos los sectores involucrados, a fin de garantizar un desarrollo sostenible que respete la legalidad y los derechos ambientales.